El GECEN lamenta la insolidaridad y la falta de seriedad y rigor del Anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional, así como del trasvase del Ebro a la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, que se propone sin valorar en absoluto ni tener siquiera en cuenta su viabilidad técnica ni su impacto social, económico y medioambiental.
Esta asociación considera muy preocupante que se realicen este tipo de propuestas inconscientes, irresponsables, faltas del más mínimo rigor técnico y que nada tienen que ver con las posibilidades reales de un proyecto razonable y medioambientalmente sostenible.
El GECEN opina que proyectar el trasvase del Ebro es altamente irresponsable, pues provoca enfrentamientos interregionales y la creación de falsas esperanzas y expectativas que al no ser finalmente cumplidas por su imposibilidad real, pues se ha demostrado que los trasvases no palian el déficit hídrico, contribuyen al desánimo y a la pérdida de confianza en nuestras instituciones.
Esta asociación pide a los responsables políticos más reflexión, que valoren responsablemente las posibles repercusiones de sus actuaciones por encima de sus fines electoralistas y que maduren las ideas antes de lanzar inconscientemente este tipo de propuestas, y les exige que dirijan sus esfuerzos a fomentar una gestión de los recursos hídricos en la que el consumo se adapte a la disponibilidad real de estos recursos en cada cuenca y no al revés, lo contrario es irresponsabilidad social y ecológica y desprecio hacia las generaciones futuras y hacia los más elementales principios del desarrollo sostenible.
Las principales consecuencias de este proyecto son:
- Impacto muy negativo sobre la ya de por sí en precario industria pesquera de Castellón y el Golfo de Valencia al disminuir los aportes de nutrientes del caudal del Ebro al mar, que son la base de la alimentación de nuestras pesquerías.
- Aumento considerable de la erosión del litoral por disminución de los aportes de arena que el caudal del Ebro arrastra al mar y que son la base de la formación y mantenimiento de las playas de Castellón y parte del Golfo de Valencia. Entre los efectos principales se encuentra la regresión de las playas que son un recurso primordial para el turismo, agravamiento de la intrusión marina y salinización de los acuíferos y los suelos y cultivos de las planas litorales, y riesgo de afección a infraestructuras y urbanizaciones costeras.
- Aumento del ritmo de regresión del propio Delta del Ebro, amenazando a la propia continuidad de la ocupación y aprovechamientos humanos en la zona, así como a los valiosísimos ecosistemas que constituye (abarcados en parte por el Parque Natural del Delta del Ebro).
- Graves trastornos ecológicos en el ecosistema del Ebro, así como en la cuenca receptora por las variaciones de caudal y por el intercambio antinatural de elementos bióticos, microorganismos y ecotipos extraños.
- Ocupación del territorio con las infraestructuras necesarias para el trasvase, que por sus dimensiones es previsible que ocupen productivas tierras de cultivo y tengan además un negativo impacto ambiental por sí mismas, afectando a fauna, flora y vegetación, espacios naturales, al paisaje, a otras infraestructuras y zonas de servidumbre y al patrimonio histórico.
- Provocación de enfrentamientos sociales interregionales por el reparto de los recursos hídricos.
- Encarecimiento del agua trasvasada hasta precios desorbitados e inaccesibles para los posibles usuarios, debido al coste de las obras y al gasto energético de las múltiples impulsiones necesarias para transportar las aguas.
- Teniendo en cuenta que los agricultores, ganaderos y poblaciones no van a poder permitirse pagar el agua, los únicos beneficiarios posibles de un trasvase del Ebro son: los políticos, con beneficios electorales, las empresas constructoras a las que sean adjudicadas las obras, el monopolio hidroeléctrico y los grandes empresarios turísticos e industriales que puedan permitírselo. Evidentemente, el provecho de unos pocos no justifica en absoluto las multimillonarias cifras de fondos públicos que serán necesarias para hacer realidad estos trasvases.
Mientras propone costosísimos y perjudiciales trasvases, sin embargo, la administración ha decidido reducir considerablemente los presupuestos destinados a valorizar, recuperar y aumentar los recursos hídricos propios, que son aquellos sobre los que debe basarse el desarrollo endógeno si se acoge realmente a los principios del desarrollo sostenible. Así, el Gobierno ha reducido considerablemente los presupuestos para la restauración hidrológico-forestal de las cuencas, la modernización de los regadíos, la depuración de las aguas residuales y la optimización de las conducciones, y, por contra, apuesta por aumentar las transformaciones a regadíos aún a costa del medio ambiente, por construir un gran número de nuevos campos de golf, por seguir potenciando la construcción y aumentando desorbitadamente la oferta turística cuando no pocas poblaciones ni siquiera tienen agua para abastecimiento urbano, etc...
Se trata de una política irracional, insostenible, depredadora del territorio, promotora del negocio particular y los beneficios económicos a corto plazo y que en absoluto se puede identificar como de interés general ni beneficiosa para todos los ciudadanos.