ACCIONES EN defensa de la desembocadura del MIJARES

A lo largo  de 1996 desde  el GECEN se ha realizado una intensa labor para asegurar la conservación de la desembocadura del río Mijares, zona húmeda de importancia internacional, localizada entre los términos municipales de Villarreal, Almazora y Burriana, que se haya incluida en el inventario de BirdLife International sobre Áreas Importantes para las Aves.

Ultimado esta temporada el censo oficial de aves acuáticas nidificantes de la desembocadura del Mijares, que anualmente realiza el GECEN, se constató una disminución drástica de los efectivos reproductores de estas aves. Tal es el caso de tres especies protegidas, así como su hábitat, por la Directiva 70/409/CEE, el Convenio de Berna, el Convenio de Bonn, el Real Decreto 439/90 y el Catálogo Valenciano de Especies Amenazadas de Fauna. La Cigüeñuela (Himantopus himantopus) y el Chorlitejo Chico (Charadrius dubius), que hasta ahora tenían en el Mijares las colonias de cría más importantes de toda la Comunidad Valenciana, han visto reducidas sus poblaciones en dicho río desde 1995 en un 51% y un 42% respectivamente; disminuyendo el Chorlitejo Patinegro (Charadrius alexandrinus) un 32%; resultando afectadas también otras especies protegidas.

Se pudo comprobar que a esta situación habían contribuido de manera importante las obras de canalización (200 metros escasos) realizadas por los ayuntamientos de Villarreal y Almazora en el cauce del río, con las que habían desecado parte del sistema de lagunas característico del último tramo del Mijares, el cual constituye el hábitat de nidificación más densamente poblado por las citadas especies de aves. Además, dichas obras se habían realizado en plena época de cría, con lo que se destruyeron numerosos nidos y puestas.

Tras entrevistarnos con los responsables de la canalización, pudimos comprobar que se había realizado sin las preceptivas autorizaciones y que ambos ayuntamientos habían emprendido estas obras como inicio de un proyecto más amplio cuyo objetivo era la erradicación de las plagas de mosquitos y malos olores del río; proyecto con el que se pretendía ampliar los citados 200 metros escasos de canalización, que ya habían supuesto un grave impacto ambiental, hasta un total de cinco kilómetros (!), que son los que separan estas obras de la desembocadura propiamente dicha. Dentro del mismo proyecto también estaba previsto arrasar toda la vegetación natural del cauce.

Ante esta situación, desde el GECEN se emprendieron numerosas gestiones: entrevistas con los responsables municipales, denuncias ante la Consellería de Agricultura y Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica del Júcar y el SEPRONA, multitud de escritos, una campaña de prensa, etc, consiguiendo finalmente la desestimación definitiva de continuar las obras proyectadas, así como que se respetase la vegetación del cauce; pese al absoluto desinterés mostrado por la Dirección Territorial de la Consellería de Agricultura y Medio Ambiente, que optó por encubrir la actuación presumiblemente ilegal de los ayuntamientos implicados, de igual signo político por cierto, mediante la decisión de no interpretar como obras de canalización o regularización de cauces (que requieren la preceptiva Estimación de Impacto Ambiental) una zanja de un metro de ancho por casi otro de profundidad y cerca de doscientos de largo en el centro del cauce del Mijares realizadas con el fin de desplazar el caudal (sic). De igual modo, la citada Dirección Territorial rehusó tramitar las denuncias presentadas por destrucción de hábitats y puestas y polladas, alegando que no tenían constancia de que nidificasen aves protegidas en la zona afectada, cuando los censos oficiales de aves acuáticas en el Mijares, financiados por la propia Consellería de Agricultura y Medio Ambiente, son realizados por miembros del GECEN, copia de los cuales se adjuntó con las referidas denuncias.

También  se  pudo comprobar que el “tratamiento” contra los mosquitos, mancomunado entre los ayuntamientos citados y los de Castellón de la Plana, Benicásim y Oropesa, incluía la utilización, tanto en forma de tratamientos terrestres como aéreos, de un pesticida fosforado no sólo clasificado toxicológicamente como de peligrosidad media para el ser humano, la fauna acuícola y la terrestre, sino que pudiera haber estado empleándose en dosis superiores a las aconsejadas, aumentando así la toxicidad del producto.

El GECEN considera necesario e imprescindible evitar los malos olores y la proliferación excesiva de mosquitos que han venido padeciendo los vecinos de la zona y por ello, ha propuesto a los responsables municipales una serie de medidas tendentes a solucionar esta situación, que a la vez demuestran que para conseguirlo no es preciso deteriorar aún más el ecosistema del Mijares.

Para atajar definitivamente el problema se ha de actuar sobre el factor que lo produce: los vertidos de aguas residuales nada o escasamente depuradas que, además de malos olores, crean el hábitat adecuado para el desarrollo de superpoblaciones de mosquitos. En este sentido, se solicitó al SEPRONA que tomase muestras del efluente de las depuradoras de Villarreal y Almazora a fin de analizar la eficacia de ambas estaciones. Asimismo, se ha instado a los dos ayuntamientos a solucionar los problemas que tienen en cuanto a depuración y vertido de aguas residuales y se espera que con la anunciada puesta en marcha de las nuevas depuradoras se avance de manera importante en el control y depuración real de los vertidos líquidos.

En lo que respecta a las gestiones realizadas para modificar los tratamientos con pesticidas, recientemente los ayuntamientos implicados han aprobado el abandono de los medios aéreos, quedando pendiente conseguir que para la siguiente temporada acepten sustituir el producto utilizado por el uso de métodos de control microbiológico como, por su eficacia, respeto hacia la salud de las personas, así como por su compatibilidad con el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas húmedos, fue propuesto por el  GECEN, asesorado por la Unidad de Plagas del Departamento de Entomología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Valencia. En una reciente reunión, se consiguió que el Director Territorial de la Consellería de Agricultura y Medio Ambiente se comprometiese oficiosamente a interceder personalmente ante el ayuntamiento de Castellón, responsable de los tratamientos con pesticidas, para conseguir que acepten la propuesta del GECEN.

Por otra parte, también se solicitó a Medio Ambiente, a la Consellería de Obras Públicas, Confederación Hidrográfica del Júcar y al ayuntamiento de Almazora, el aplazamiento de los trabajos de extracción de gravas hasta fin de agosto para evitar la repercusión que éstos podrían tener sobre las colonias de aves nidificantes en la zona. Finalmente, gracias a las protestas vecinales se consiguió paralizar la gravera y planta de trituración de áridos. Se está a la espera de la contestación de la Consellería de Agricultura y Medio Ambiente respecto a nuestra solicitud de modificación de la Declaración de Impacto Ambiental de la gravera en cuanto a ampliar el periodo durante el cual se prohibe la actividad para evitar molestias a las aves nidificantes.