NOTA DE PRENSA

Castellón, 11 de julio de 2017.

EL TSJ SENTENCIA QUE EL HORMIGONADO DEL CAMINO DEL PEBRET REALIZADO POR EL AYUNTAMIENTO DE PEÑÍSCOLA FUE ILEGAL.

EL AYUNTAMIENTO NO RECURRE POR LO QUE LA SENTENCIA ES FIRME.

La asociación interpuso un contencioso administrativo en 2010 por el hormigonado del camino de Pebret en el Parc Natural de la Serra d’Irta al considerarlo ilegal y con graves afecciones a los valores medioambientales que el Parque pretende preservar.

                 Tras un largo periodo el recorrido judicial ha finalizado. La sentencia del TSJ señala que las obras se realizaron “sin que existiera un acto administrativo que las respaldara y diera cobertura” y que “Se trata de una actuación ilegal, pues como dice la sentencia impugnada no existe acto de cobertura que la sustente, lo que implica que no existe acto susceptible de ejecución, ( Artº 93 y ss de la Ley 30/92), con lo que nos encontramos ante una actuación de hecho.”

                 EL AYUNTAMEINTO DE PEÑÍSCOLA ES UN ACTOR QUE SUPONE UN GRAVE PROBLEMA PARA EL PARQUE NATURAL.

Con anterioridad a 2010, en 2004, ya el Ayto. de Peñíscola actuó de igual forma hormigonando el Parque. La excusa: actuaciones para favorecer el acceso de los medios de extinción de incendios y vigilancia. La realidad: favorecer la entrada masiva de turistas del perfil sol y playa sin control alguno y sin tener en cuenta la capacidad de carga y afecciones al Parque Natural ni nada que se le parezca.

GECEN pide control en los accesos del Parque, atendiendo a lo que los necesarios informes técnicos determinen al respecto, a fin de que la presión antrópica sea compatible con la preservación de los valores del espacio protegido.

Ahora reina el caos con graves repercusiones sobre el litoral del Parque por lo que la asociación exige a la Conselleria que se tome el asunto en serio y que entre otras cuestiones limite el imaginario urbanístico que subyace en el ADN del actual Ayto. de Peñíscola actuando inmediatamente ante actuaciones ilegales y evitando que la corporación municipal se convierta en pretendido gestor de facto del Parque cuando no tiene competencia alguna para ello.

Por último señalar que la asociación lamenta que en todo el proceso judicial no se haya entrado en el fondo de la cuestión a nivel medioambiental pues ya es hora que la Justicia elabore sentencias contundentes teniendo en cuenta esta cuestión y lance un mensaje claro a la administración de respeto a los espacios protegidos.