NOTA DE PRENSA

Castellón, 22 de mayo de 2018.

Publicado en el Butlletí Oficial de les Cort Valencianes el Proyecto de ley, de la Generalitat, de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana (RE número 102.842)

LA NUEVA LOTUP INDULTA A QUIENES HAN COMETIDO PRESUNTOS DELITOS EN LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS.

LOS PRESUNTOS DELITOS CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EL MEDIO AMBIENTE PODRÁN REGULARIZARSE CON EL NUEVO JUEZ, EL CONSELL, Y EL NUEVO CÓDIGO PENAL, LA LOTUP.

            El artículo 210 pretende resolver el problema de las decenas de miles de construcciones ilegales anteriores a la entrada en vigor de la Ley 5/2014 con la impunidad.

Como se señala en el art. 210.4 se incluyen, entre las construcciones ilegales a regularizar, aquellas que se encuentran en suelos protegidos ambientalmente “edificaciones que se encuentren situadas en el suelo que goce de cualquier tipo de protección por sus especiales valores ambientales”.

También aquellas que se sitúan en suelos forestales y en suelos inundables (art. 210.5).

Es decir que, por ejemplo, las zonas húmedas protegidas por la Ley de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana desde 1994 y que han sufrido el urbanismo ilegal, delito según el Código Penal, se verán premiadas por el Consell que en lugar de derribarlas, y restituir los espacios afectados al estado anterior a las actuaciones ilegales, ahora las premia con el indulto.

GECEN se pregunta el porqué de esta Ley y si este modelo legislativo es el que se va a seguir para que otros artículos del Código Penal, que políticamente no gusten, tengan una aplicación práctica mínima sino testimonial.

Desde esta ONG medioambiental consideramos imprescindible excluir de la pretendida regularización masiva las edificaciones ilegales construidas en suelos con protección ambiental, suelos forestales y suelos inundables.

Lo contrario nos lleva a la impunidad ante actuaciones que afectan gravemente a los espacios naturales, además de condenar a quienes en su día fueron denunciados y sentenciados en aplicación del Código Penal frente a quienes no lo fueron. Estos últimos son la gran mayoría pues, incomprensiblemente, si excluimos la prevaricación pues de lo contrario se entiende todo, no fueron denunciados por unas administraciones que presuntamente no veían ni se enteraban de la construcción de miles de edificaciones que duran meses y se encuentran en lugares bien visibles.