NOTA DE PRENSA
Castellón, 4 de septiembre de 2017.
LA CONSELLERIA SIGUE ADELANTE CON EL COTO DE CAZA DEL PENYAGOLOSA PESE A LA OPOSICIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL PARQUE, PRESIDENTE DE LA JUNTA RECTORA, ONG MEDIOAMBIENTALES, COLECTIVOS EXCURSIONISTAS Y VECINALES.
LA CONSELLERIA DEBE DECIDIR EN BREVE SI ATIENDE AL INTERÉS LUCRATIVO DE LOS GESTORES DEL COTO O ATIENDE AL INTERES GENERAL.
GECEN exige a la Conselleria que no avale el PTOC (Plan Técnico de Ordenación Cinegética) que ha presentado Ibex Zone C. B. y que pretende convertir el emblemático Parque Natural en un coto de caza para clientes de alto poder adquisitivo.
El “Gegant de Pedra”, símbolo social, natural y cultural de todos los valencianos está en venta. El dinero y el documento técnico están encima de la mesa de la Conselleria quien debe decidir si los valencianos vamos a seguir disfrutando del uso social colectivo del Penyagolosa como hasta ahora, o se va a limitar drásticamente la actividad ciudadana para que, dinero mediante, alguien se dedique al objetivo del coto propuesto: la caza y decapitación de cabras.
La oposición del Director Conservador del Parque Natural, la del Presidente de la Junta Rectora y la de los vecinos y asociaciones de todo tipo representadas en dicha Junta se puso de manifiesto en la última reunión de ésta, así como en diversas declaraciones posteriores. El NO a la actividad cinegética en el corazón del Penyagolosa es rotundo pues se exige, desde la sociedad civil y la administración del Parque seguridad, tranquilidad, accesibilidad social y respeto a los valores naturales, siendo absolutamente inapropiados e incompatibles los tiros y las restricciones de todo tipo que genera la actividad cinegética con la preservación de dichos valores y del uso social.
GECEN CONSIDERA URGENTE LA APROBACIÓN DEL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN (PRUG) DEL PARQUE NATURAL Y QUE ÉSTE PROHÍBA LA CAZA.
Penyagolosa, el Parque Natural, no tiene elaboradas las normas de gestión que señalen los usos permitidos y los excluidos. No tiene nada que regule con detalle los usos que son compatibles con el Parque y los que no lo son.
El nefasto déficit normativo avala que quien lo desee plantee usos incompatibles con el medio ambiente y con el uso social del Parque con absoluta impunidad.
Lo más indignante es que la Conselleria, lejos de legislar y poner orden aprobando de una vez un PRUG razonable y efectivo, que ya está elaborado desde 2014 y que languidece en los cajones, parece dispuesta a avalar todo aquello que llegue con dinero bajo el brazo. Todo, aunque sea un aberrante matadero de cabras en la falda del Pico del Penyagolosa y ello suponga limitar significativamente el uso social, haciéndolo rehén de la actividad cinegética, e impactar nefastamente sobre la biodiversidad del Parque.
La conservación de los valores que avalaron su declaración como espacio natural protegido y el uso social sostenible son objetivos irrenunciables y no negociables. Estamos a la espera de la decisión final de la Conselleria que, a la vista de los hechos, sigue firme y decidida en la aprobación del coto.
Nota aclaratoria con fecha 11-09-2017: La Conselleria ha dicho NO al coto de caza públicamente si bien estamos a la espera de la formalización administrativa de esta decisión.
NOTA DE PRENSA
Castellón, 13 de julio de 2017.
PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES: LA MODIFICACIÓN DE LA LOTUP AMNISTÍA AL INFRACTOR URBANÍSTICO.
LOS DELITOS NO JUZGADOS CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS QUEDARÁN IMPUNES.
Con la modificación del artículo 210 de la LOTUP la administración pretende solucionar el urbanismo ilegal con la legalización de miles de viviendas, cuya construcción al margen de la ley supuso la comisión de un delito contra la ordenación del territorio.
Reflejo, estas decenas de miles de viviendas ilegales, de una actuación intencional de decenas de municipios insumisos respecto a la disciplina urbanística y claros actores colaboradores necesarios para tal desmadre. Sin su obvia dejación de funciones, construir en suelo no urbanizable hubiera sido un imposible.
La administración autonómica muestra su apoyo a dichas actuaciones ilegales, creando ahora un marco legislativo ex profeso en un claro acto que entraría de pleno en el ámbito de la prevaricación.
Se acaba, con esta modificación legislativa, con la protección de los espacios naturales frente al urbanismo ilegal que el PP había otorgado con esta Ley y que, entre otras cuestiones, no permitía la legalización de las construcciones ilegales en humedales protegidos.
GECEN MUESTRA SU PREOCUPACIÓN POR LOS HUMEDALES Y DEMÁS ESPACIOS PROTEGIDOS.
Las actuaciones judiciales han sido un elemento clave a la hora de corregir la indisciplina urbanística en los espacios protegidos, por lo que intentar que el trabajo realizado por la Justicia quede ninguneado es impropio en un estado de derecho.
La asociación pide a la administración mayor disciplina urbanística, trabajo en pro del interés general y respeto a la legalidad y menos modificaciones de leyes que premian al infractor urbanístico y la destrucción de los espacios naturales protegidos.
Sacarse de la manga el invento de las licencias de minimización de impacto ambiental y territorial como solución a un delito penal o infracción administrativa es situarse, claramente, del lado del interés privado y electoral, y olvidarse del interés general que debe prevalecer: la ordenación racional del territorio, la sostenibilidad y la protección medioambiental.
MODIFICACIÓN ILEGAL.
La modificación de la LOTUP chocaría frontalmente con una norma estatal de jerarquía superior, el código penal, ya que introduce una exención a un hecho delictivo, y las causas de exoneración de delitos sólo pueden establecerse por el legislador estatal a través de una Ley Orgánica. Lo que pretende esta modificación de la LOTUP es que estos delitos no sean perseguibles, a través de una legalización urbanística.
Por todo ello debe entenderse que esta modificación de la LOTUP vulneraría el derecho estatal y debería ser objeto de impugnación por la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional.
NOTA DE PRENSA
Castellón, 11 de julio de 2017.
EL TSJ SENTENCIA QUE EL HORMIGONADO DEL CAMINO DEL PEBRET REALIZADO POR EL AYUNTAMIENTO DE PEÑÍSCOLA FUE ILEGAL.
EL AYUNTAMIENTO NO RECURRE POR LO QUE LA SENTENCIA ES FIRME.
La asociación interpuso un contencioso administrativo en 2010 por el hormigonado del camino de Pebret en el Parc Natural de la Serra d’Irta al considerarlo ilegal y con graves afecciones a los valores medioambientales que el Parque pretende preservar.
Tras un largo periodo el recorrido judicial ha finalizado. La sentencia del TSJ señala que las obras se realizaron “sin que existiera un acto administrativo que las respaldara y diera cobertura” y que “Se trata de una actuación ilegal, pues como dice la sentencia impugnada no existe acto de cobertura que la sustente, lo que implica que no existe acto susceptible de ejecución, ( Artº 93 y ss de la Ley 30/92), con lo que nos encontramos ante una actuación de hecho.”
EL AYUNTAMEINTO DE PEÑÍSCOLA ES UN ACTOR QUE SUPONE UN GRAVE PROBLEMA PARA EL PARQUE NATURAL.
Con anterioridad a 2010, en 2004, ya el Ayto. de Peñíscola actuó de igual forma hormigonando el Parque. La excusa: actuaciones para favorecer el acceso de los medios de extinción de incendios y vigilancia. La realidad: favorecer la entrada masiva de turistas del perfil sol y playa sin control alguno y sin tener en cuenta la capacidad de carga y afecciones al Parque Natural ni nada que se le parezca.
GECEN pide control en los accesos del Parque, atendiendo a lo que los necesarios informes técnicos determinen al respecto, a fin de que la presión antrópica sea compatible con la preservación de los valores del espacio protegido.
Ahora reina el caos con graves repercusiones sobre el litoral del Parque por lo que la asociación exige a la Conselleria que se tome el asunto en serio y que entre otras cuestiones limite el imaginario urbanístico que subyace en el ADN del actual Ayto. de Peñíscola actuando inmediatamente ante actuaciones ilegales y evitando que la corporación municipal se convierta en pretendido gestor de facto del Parque cuando no tiene competencia alguna para ello.
Por último señalar que la asociación lamenta que en todo el proceso judicial no se haya entrado en el fondo de la cuestión a nivel medioambiental pues ya es hora que la Justicia elabore sentencias contundentes teniendo en cuenta esta cuestión y lance un mensaje claro a la administración de respeto a los espacios protegidos.